Ficha de persona · Figura pública
Álvaro García Ortiz es un fiscal español, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, con plaza en el Ministerio Fiscal desde 1998. Desempeñó su carrera en Mahón, en el área de Santiago de Compostela y como especialista de medio ambiente en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, llegando en 2020 a Fiscal de Sala de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Por Real Decreto del 2 de agosto de 2022 fue nombrado Fiscal General del Estado a propuesta del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Por Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2025 fue condenado, en causa especial seguida ante el órgano competente por razón de su cargo aforado, como autor responsable de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal a multa de doce meses con cuota diaria de veinte euros, a inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado durante dos años y a indemnizar al perjudicado en diez mil euros, con voto particular disidente de dos magistradas. La condena devino firme el 26 de febrero de 2026, tras la desestimación de los incidentes de nulidad. El 24 de noviembre de 2025 presentó su dimisión y por Real Decreto 1138/2025 de 9 de diciembre fue cesado en el cargo, reintegrándose a la carrera fiscal en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Es el primer Fiscal General del Estado de la democracia española condenado por sentencia firme estando todavía en activo en el cargo. La causa, pese a estar firme en la jurisdicción ordinaria, sigue abierta en amparo ante el Tribunal Constitucional por sendos recursos presentados por el propio condenado y por el Ministerio Fiscal en abril de 2026.
Las cifras proceden de hechos concretos de cada caso y conservan su grado de prueba y su nivel de fuente. Se agrupan por el papel económico del sujeto en cada hecho —distinto del rol procesal— y no implican condena: la mayoría corresponde a procedimientos abiertos. «Conducta atribuida» no afirma que el sujeto percibiera el dinero.
Multas o responsabilidad civil a su cargo, impuestas o solicitadas por resolución.
Total a su cargo · condena firme
La Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo declara probada, como responsabilidad civil derivada del delito, la obligación del condenado de indemnizar al perjudicado en una cantidad fija. En el fallo dispositivo se establece literalmente: «Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales» (FALLO, p. 180). La sentencia identifica inequívocamente a Alberto González Amador como perjudicado en el procedimiento por la divulgación de datos reservados del expediente de conformidad. La condena no cuantifica daño patrimonial autónomo. El Tribunal Supremo ordena el 17 de diciembre de 2025 la ejecución de la sentencia y remite la causa a la Fiscalía a los efectos oportunos, debiendo el condenado depositar los importes en la cuenta de consignaciones del Tribunal Supremo.
Responsabilidad civil por daños morales fijada en sentencia firme, a cargo del condenado Álvaro García Ortiz y a favor del perjudicado Alberto González Amador.
El fallo dispositivo de la Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictada por mayoría de cinco votos frente a dos, condena a Álvaro García Ortiz «como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular pero con exclusión de la mitad de las restantes» (FALLO, p. 180). La cuantía total de la multa asciende a 7.200 euros (12 meses × 20 euros × 30 días). La sentencia absuelve al condenado de los restantes delitos objeto de la acusación. La condena es firme desde el 26 de febrero de 2026, al desestimar la Sala los incidentes de nulidad de actuaciones presentados por la defensa y por el Ministerio Fiscal; la pena de inhabilitación se ejecuta desde el cese efectivo del condenado el 10 de diciembre de 2025 mediante el Real Decreto 1138/2025, de 9 de diciembre (BOE-A- 2025-25142).
Multa penal de la condena firme, a favor del Estado.
| Periodo | Rol | Caso | Delitos atribuidos |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 → vigente | Condenado (firme) | Caso del Fiscal General del Estado |
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| 2025-11-20 → 2026-02-26 | Condenado (no firme) | Caso del Fiscal General del Estado |
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| 2025-06-09 → 2025-11-20 | Procesado | Caso del Fiscal General del Estado |
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| 2024-10-15 → 2025-06-09 | Investigado | Caso del Fiscal General del Estado |
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Álvaro García OrtizFiscalía General del Estado
Fiscal General del Estado desde el 2 de agosto de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2025, cuando fue cesado a petición propia tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. El cargo que ostentaba en el momento de los hechos investigados es el que determina la competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para conocer la causa.
Álvaro García OrtizPresidencia del Gobierno
Álvaro García Ortiz fue nombrado Fiscal General del Estado por Real Decreto 836/2022 a propuesta del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. El nombramiento corresponde al Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4 CE).
Álvaro García OrtizFiscalía General del Estado
Fiscal de Sala de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado entre 2020 y 2022, cargo previo a su nombramiento como Fiscal General del Estado.
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