Caso del Fiscal General del Estado

La Sentencia 1000/2025 declara probado que la nota informativa oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el caso González Amador, redactada por la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado bajo dictado del propio Fiscal General y prevista para su difusión a las 10:00 horas del 14 de marzo de 2024, fue publicada por el diario EL PAÍS «adelantándose tres horas a su difusión oficial» tras haber sido obtenida «proporcionada con autorización del Fiscal General del Estado» (Hechos Probados, p. 21). La sentencia subraya que esta publicación anticipada en un medio concreto, sin que las propias fiscalías hubieran difundido aún la nota, integra junto con la filtración del correo electrónico del 2 de febrero la unidad de acción típica del delito de revelación de datos reservados del art. 417.1 del Código Penal por el que el Tribunal Supremo condena al acusado (FJ Tercero, apartado 3.1, p. 147: «La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la «oficializa»»).

• N3 Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, Causa Especial nº 20557/2024, de 9 de diciembre de 2025 (con voto particular) Hechos Probados, p. 21, sobre la difusión anticipada de la nota al diario EL PAÍS con autorización del Fiscal General. Y Fundamento de Derecho Tercero, apartado 3.1, p. 147, sobre la subsunción típica de la unidad de acción (correo + nota).

La Sentencia 1000/2025 declara probado que el 16 de octubre de 2024, el mismo día en que se le notificó la incoación de diligencias previas en la Causa Especial nº 20557/2024 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz procedió al borrado de los mensajes almacenados en sus dispositivos oficiales, conducta reconocida por el propio acusado en sede judicial y en el acto del juicio oral (FJ Primero, apartado 1 sobre cuestiones previas y FJ Segundo, apartado 2.7 sobre valoración de la prueba). La Sala valora este comportamiento como dato indiciario relevante, aunque no decisivo: «no se neutraliza ese efecto sanador manteniendo la petición de nulidad. (...) Acepta que procedió a ese borrado y ofrece una explicación (lo hacía periódicamente y los mensajes de las fechas críticas se habrían eliminado antes: es posible según informe pericial ratificado en el juicio)» (p. 35). La Sala rechaza expresamente que existiera cobertura normativa que invitara al borrado, recordando que ni el Reglamento UE 2016/679 ni la LO 3/2018 ni la Instrucción 2/2019 de la propia Fiscalía General del Estado contemplan un deber ni un derecho a la destrucción regular de información almacenada en dispositivos oficiales (FJ Segundo, apartado 2.7.2, p. 134).

• N3 Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, Causa Especial nº 20557/2024, de 9 de diciembre de 2025 (con voto particular) Hechos Probados sobre el borrado del 16-oct-2024; Fundamento de Derecho Primero, apartado 1.b (p. 35: el acusado acepta el borrado); Fundamento de Derecho Segundo, apartados 2.7 y 2.7.2 (pp. 133-135: la Sala razona la ausencia de cobertura normativa para la destrucción de mensajes en dispositivos oficiales).

La Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, firme desde el 26 de febrero de 2026, declara probado que el 13 de marzo de 2024 entre las 23:25 y las 23:51 horas, el correo electrónico remitido el 2 de febrero de 2024 a las 12:45 horas por el abogado Carlos Neira a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid —en el que se manifestaba la voluntad de Alberto González Amador de alcanzar un acuerdo de conformidad penal reconociendo «dos delitos contra la Hacienda Pública»— fue comunicado «desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del Sr. García Ortiz, al periodista de la Cadena SER, D. Miguel Ángel Campos» (Hechos Probados, p. 18). El programa Hora 25 difundió en directo el contenido y la web de la emisora publicó a las 23:51 horas el texto completo del correo, «la primera vez que se reproducía públicamente el texto completo» (Hechos Probados, p. 19). La divulgación se completó, conforme al fallo, con la nota informativa de la Fiscalía del 14 de marzo de 2024 cuya redacción fue dictada por el propio Fiscal General del Estado a su directora de comunicación y filtrada anticipadamente al diario EL PAÍS «con autorización del Fiscal General del Estado» (Hechos Probados, p. 21). El Tribunal Supremo califica esta unidad de acción (filtración del correo + nota oficial) como subsumible en el delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal por afectar derechos fundamentales del perjudicado y comprometer el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado como garante de tales derechos (FJ Tercero, p. 147). El voto particular conjunto de las magistradas Susana Polo García y Ana María Ferrer García sostiene en contra que «no ha quedado probado que el Fiscal General del Estado filtrara a la prensa el correo del día 2 de febrero de 2024» (voto particular, p. 237).

• N3 Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, Causa Especial nº 20557/2024, de 9 de diciembre de 2025 (con voto particular) Hechos Probados, pp. 18-21 (texto completo de los hechos declarados probados sobre la filtración) y Fundamento de Derecho Tercero, pp. 146-148 (subsunción típica).
• N1 Nota CGPJ — El Tribunal Supremo notifica la Sentencia 1000/2025 que condena por revelación de datos reservados al Fiscal General del Estado (9 dic 2025) Nota oficial del CGPJ del 9 de diciembre de 2025 que sintetiza el fallo: "García Ortiz, o alguien de su entorno con su conocimiento, filtró el correo electrónico".
• N4 Confilegal — El Supremo ratifica la condena a García Ortiz por revelación de secretos al desestimar los incidentes de nulidad (26 feb 2026) Cobertura periodística confirmatoria de la firmeza tras la desestimación del incidente de nulidad el 26 de febrero de 2026.

La Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo declara probada, como responsabilidad civil derivada del delito, la obligación del condenado de indemnizar al perjudicado en una cantidad fija. En el fallo dispositivo se establece literalmente: «Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 € por daños morales» (FALLO, p. 180). La sentencia identifica inequívocamente a Alberto González Amador como perjudicado en el procedimiento por la divulgación de datos reservados del expediente de conformidad. La condena no cuantifica daño patrimonial autónomo. El Tribunal Supremo ordena el 17 de diciembre de 2025 la ejecución de la sentencia y remite la causa a la Fiscalía a los efectos oportunos, debiendo el condenado depositar los importes en la cuenta de consignaciones del Tribunal Supremo.

• N3 Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, Causa Especial nº 20557/2024, de 9 de diciembre de 2025 (con voto particular) FALLO de la Sentencia 1000/2025, p. 180, cláusula sobre responsabilidad civil.
• N1 Nota CGPJ — El Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos a pena de multa y dos años de inhabilitación para el cargo de Fiscal General del Estado (20 nov 2025) Mención del importe indemnizatorio y del perjudicado en la nota CGPJ del 20 de noviembre de 2025.

El fallo dispositivo de la Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictada por mayoría de cinco votos frente a dos, condena a Álvaro García Ortiz «como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 € e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular pero con exclusión de la mitad de las restantes» (FALLO, p. 180). La cuantía total de la multa asciende a 7.200 € (12 meses × 20 € × 30 días). La sentencia absuelve al condenado de los restantes delitos objeto de la acusación. La condena es firme desde el 26 de febrero de 2026, al desestimar la Sala los incidentes de nulidad de actuaciones presentados por la defensa y por el Ministerio Fiscal; la pena de inhabilitación se ejecuta desde el cese efectivo del condenado el 10 de diciembre de 2025 mediante el Real Decreto 1138/2025, de 9 de diciembre (BOE-A- 2025-25142).

• N3 Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, Causa Especial nº 20557/2024, de 9 de diciembre de 2025 (con voto particular) FALLO de la Sentencia 1000/2025, p. 180, parte dispositiva con identificación literal de penas y obligaciones.
• N1 Nota CGPJ — El Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos a pena de multa y dos años de inhabilitación para el cargo de Fiscal General del Estado (20 nov 2025) Resumen oficial del fallo en la nota CGPJ del 20 de noviembre de 2025.
• N4 El Español — El TS condena a García Ortiz por revelar datos tributarios de la pareja de Ayuso por 5 votos a 2 y le inhabilita como Fiscal General (20 nov 2025) Cobertura periodística con detalle del resultado de la votación 5-2 y desglose del fallo.
• N1 BOE-A-2025-25142 — Real Decreto 1138/2025, de 9 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado Real Decreto 1138/2025 de 9 de diciembre, BOE-A-2025-25142, que ejecuta materialmente la pena de inhabilitación mediante el cese del condenado.

La Sentencia 1000/2025 declara probado que el 14 de marzo de 2024, desde las 09:25 horas, Álvaro García Ortiz envió a la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra de Inés, una secuencia de mensajes de WhatsApp instándole a publicar la nota informativa redactada por la directora de comunicación de la Fiscalía General bajo dictado del propio Fiscal General. La sentencia transcribe literalmente cuatro mensajes (Hechos Probados, p. 21): «Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo» (09:25), «Es imperativo sacarla» (09:25), «Nos están dejando como mentirosos» (09:28) y «Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla» (09:37). En la llamada telefónica previa, ante la pregunta directa de Lastra de si había filtrado la nota, el Fiscal General respondió: «eso ahora no importa». La Fiscalía de la Comunidad de Madrid se negó a publicar la nota al considerar que su contenido «no respondía a los criterios habituales de una comunicación pública del Ministerio Fiscal»; la publicación acabó realizándose por la Fiscalía Provincial de Madrid.

• N3 Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, Causa Especial nº 20557/2024, de 9 de diciembre de 2025 (con voto particular) Hechos Probados, p. 21, transcripción literal de la conversación telefónica y de los cuatro mensajes de WhatsApp del 14-mar-2024 dirigidos por el Fiscal General a la Fiscal Superior de Madrid.

La Sentencia 1000/2025 del Tribunal Supremo, firme desde el 26 de febrero de 2026, declara probado y fundamenta jurídicamente que el comportamiento de Álvaro García Ortiz quebrantó el deber legal de confidencialidad y reserva exigible a todo miembro del Ministerio Fiscal y, con mayor exigencia, al máximo responsable del Ministerio Público. La Sala razona que «el deber de confidencialidad de cualquier miembro de la Carrera Fiscal, en relación con los datos de los que tenga conocimiento durante la tramitación de un expediente de conformidad, no deriva de una práctica protocolaria que aconseja no divulgar las propuestas de la acusación pública y la defensa que preceden a la aceptación de la autoría del delito» sino que «se trata de un deber legal impuesto por el marco jurídico en el que esas negociaciones se desarrollan» (FJ Tercero, apartado 3.2, p. 148), con anclaje en el Protocolo de Actuación para Juicios de Conformidad de la Fiscalía General del Estado y el CGAE de 1 de abril de 2009, la Instrucción 2/2009 de la Fiscalía General del Estado y la Directiva UE 2016/343 sobre presunción de inocencia. La Sala concluye que «este deber de confidencialidad ha de ser interpretado con mayor rigor, si cabe, cuando quien lo quebranta es la cabeza jerárquica del Ministerio Público» (FJ Tercero, apartado 3.2, p. 149). La revelación atribuida al condenado comprometió «derechos fundamentales de la persona a la que se refería y, por ello, comprometió o afectó al funcionamiento de la institución misma, esto es, a la Fiscalía General del Estado, garante de tales derechos» (FJ Tercero, apartado 3.1, p. 147).

• N3 Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, Causa Especial nº 20557/2024, de 9 de diciembre de 2025 (con voto particular) FJ Tercero (Tipicidad de los hechos probados), pp. 146-149, sobre la subsunción típica en el art. 417.1 CP y el alcance del deber de confidencialidad de los miembros del Ministerio Fiscal. En particular, apartados 3.1 y 3.2 desarrollan el fundamento jurídico del deber de reserva reforzado para el Fiscal General.
• N1 Nota CGPJ — El Tribunal Supremo notifica la Sentencia 1000/2025 que condena por revelación de datos reservados al Fiscal General del Estado (9 dic 2025) Resumen del fundamento jurídico clave: "el Fiscal General no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito" y referencia al "reforzado deber de reserva".

La Sentencia 1000/2025 declara probado que la noche del 13 de marzo de 2024, tras la noticia publicada por el diario El Mundo a las 21:29 horas sobre la oferta de conformidad de la Fiscalía a Alberto González Amador, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, difundió en redes sociales mensajes según los cuales «la Fiscalía habría retirado el pacto ofrecido», afirmación calificada literalmente por la Sala como «circunstancia no recogida en la noticia de El Mundo y sin otro fundamento que una especulación gratuita del citado» (Hechos Probados, p. 17). La sentencia identifica este episodio como el detonante que llevó al Fiscal General del Estado a iniciar «de forma inmediata una actuación para conocer lo ocurrido», cadena de actuaciones que culminó pocas horas después con la filtración del correo electrónico del 2 de febrero a la Cadena SER y, al día siguiente, con la nota informativa de la Fiscalía. El voto particular conjunto de las magistradas Polo y Ferrer (p. 237) reinterpreta este mismo hecho como justificación de la actuación informativa del Fiscal General: «se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía (...) impulsada desde el aparato de un poder público».

• N3 Sentencia 1000/2025 de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, Causa Especial nº 20557/2024, de 9 de diciembre de 2025 (con voto particular) Hechos Probados, p. 17, sobre la difusión en redes sociales por parte del jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid del relato sobre una supuesta retirada del pacto por parte de la Fiscalía, identificado por la Sala como detonante de la actuación posterior del Fiscal General; voto particular, p. 237, contraste interpretativo de la misma secuencia.