Comunidad de Madrid

Quebranto económico que figura como sufrido

Dinero que figura como perdido. Aparece como perjudicado (víctima): no se le atribuye la conducta.

• 19 M€ Atribuido N4
  Perjuicio económico Caso Lezo

  La Fiscalía Anticorrupción atribuye en su escrito de calificación provisional de la pieza Inassa que en el año 2001, en el marco de la denominada «expansión internacional» del Canal de Isabel II promovida por el entonces gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, se adquirió el setenta y cinco por ciento de la sociedad colombiana Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios S.A.) por un total próximo a setenta y tres millones de dólares articulados a través de la sociedad panameña Aguas de América (SAA). La Fiscalía considera que la operación incurrió en sobreprecio y en la inclusión de activos no autorizados ni valorados que no reportaron beneficio al erario público madrileño, y cuantifica el perjuicio patrimonial cuya responsabilidad civil reclama conjunta y solidariamente a los veintidós procesados en torno a diecinueve millones de euros. La condición de procesados no implica valoración de culpabilidad: rige el principio de presunción de inocencia mientras no recaiga resolución firme.

  Perjuicio patrimonial por el sobreprecio abonado en la compra del 75% de Inassa, cuantificado por la Fiscalía Anticorrupción en torno a 19 M€ y reclamado conjunta y solidariamente a los 22 procesados de la pieza. La compra se articuló por unos 73 M USD vía la sociedad panameña Aguas de América (cifra en dólares, no estructurada aquí).

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• 1,8 M€ Atribuido N4
  Comisión presuntamente ilícita Caso Lezo

  La Fiscalía Anticorrupción atribuye en el escrito de acusación formulado en la pieza separada nº 3 del caso Lezo y recogido en el auto de apertura del juicio oral del 4 de junio de 2021 dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel María García-Castellón García-Lomas que en el año 2007 el Consorcio Regional de Transportes de Madrid adjudicó las obras del tren ligero Móstoles Central-Navalcarnero a la unión temporal de empresas liderada por el grupo OHL (Obrascón Huarte Lain). Según la acusación, el consejero de OHL Francisco Javier López Madrid habría ideado, junto con el entonces directivo del grupo Rafael Martín de Nicolás Martín, un plan presuntamente concertado con el entonces presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II e ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González y con el ex director gerente del Canal Ildefonso de Miguel Rodríguez, consistente en la presentación de una oferta económica artificialmente baja, sucesivas modificaciones contractuales al alza y el pago de aproximadamente 1,8 millones de euros en comisiones ilícitas (cifra alternativa próxima a 2,5 millones de dólares según otra línea editorial coetánea). La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y medio de prisión para López Madrid, Martín de Nicolás y Felicísimo Ramos; cuatro años para Ignacio González y para Ildefonso de Miguel; tres años y medio para Adrián de la Joya, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las administraciones públicas. El proyecto del tren ligero no llegó a entrar en explotación comercial. La condición de procesados no implica valoración de culpabilidad: rige el principio de presunción de inocencia mientras no recaiga resolución firme.

  Comisiones presuntamente ilícitas repartidas entre los procesados en la adjudicación amañada del tren ligero Móstoles-Navalcarnero (aprox. 1,8 M€). Una línea editorial coetánea cifra el reparto en torno a 2,5 M USD (cifra en dólares, no estructurada).

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