168edcb 2026-06-29 Empresa pública española dependiente de la Comunidad de Madrid responsable del ciclo integral del agua en la región (captación, potabilización, distribución, alcantarillado y depuración). Fue constituida en 1851 y opera actualmente como sociedad mercantil cuya titularidad es íntegramente pública (Comunidad de Madrid y ayuntamientos madrileños). Su gestión durante los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid (mandatos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes) está siendo investigada como presunta empresa instrumental de un esquema de desvío de fondos públicos en el procedimiento penal Lezo seguido ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. En el procedimiento se ha personado como acusación particular por su condición de perjudicada por las adjudicaciones controvertidas.
Las cifras proceden de hechos concretos de cada caso y conservan su grado de prueba y su nivel de fuente. Se agrupan por el papel económico del sujeto en cada hecho —distinto del rol procesal— y no implican condena: la mayoría corresponde a procedimientos abiertos. «Conducta atribuida» no afirma que el sujeto percibiera el dinero.
Dinero que figura como perdido. Aparece como perjudicado (víctima): no se le atribuye la conducta.
Quebranto total que figura como sufrido
La Fiscalía Anticorrupción atribuye en su escrito de calificación provisional de la pieza Inassa que en el año 2001, en el marco de la denominada «expansión internacional» del Canal de Isabel II promovida por el entonces gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, se adquirió el setenta y cinco por ciento de la sociedad colombiana Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios S.A.) por un total próximo a setenta y tres millones de dólares articulados a través de la sociedad panameña Aguas de América (SAA). La Fiscalía considera que la operación incurrió en sobreprecio y en la inclusión de activos no autorizados ni valorados que no reportaron beneficio al erario público madrileño, y cuantifica el perjuicio patrimonial cuya responsabilidad civil reclama conjunta y solidariamente a los veintidós procesados en torno a diecinueve millones de euros. La condición de procesados no implica valoración de culpabilidad: rige el principio de presunción de inocencia mientras no recaiga resolución firme.
Perjuicio patrimonial por el sobreprecio abonado en la compra del 75% de Inassa, cuantificado por la Fiscalía Anticorrupción en torno a 19 M€ y reclamado conjunta y solidariamente a los 22 procesados de la pieza. La compra se articuló por unos 73 M USD vía la sociedad panameña Aguas de América (cifra en dólares, no estructurada aquí).
La Fiscalía Anticorrupción atribuye en el auto de procesamiento de 18 de noviembre de 2019 dictado por el magistrado Manuel María García-Castellón García-Lomas que en el ejercicio de 2013 la sociedad Inassa, filial latinoamericana de Canal de Isabel II presidida por Edmundo Rodríguez Sobrino, adquirió la sociedad brasileña Emissao por aproximadamente treinta millones de dólares, cuantía considerada notablemente superior al valor real de la operación. La acusación atribuye al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González la organización de la compraventa con la finalidad de desviar fondos públicos del Canal a cuentas privadas, cuantificando ese desvío en hasta nueve millones seiscientos mil euros, y solicita por estos hechos ocho años de prisión y diecinueve años de inhabilitación. Un ex directivo de Inassa declaró ante el magistrado instructor haber participado en un reparto próximo a los cinco millones y medio de euros con el ex presidente madrileño en relación con esta operación. La condición de procesados no implica valoración de culpabilidad: rige el principio de presunción de inocencia mientras no recaiga resolución firme.
Desvío de fondos públicos del Canal cuantificado por la acusación en hasta 9,6 M€. La compra de la brasileña Emissao se hizo por unos 30 M USD (cifra en dólares, no estructurada). Un ex directivo de Inassa declaró un reparto próximo a 5,5 M€ con Ignacio González en relación con esta operación.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye que como resultado de la modificación contractual descrita la sociedad TCT habría ingresado del Canal de Isabel II más de tres millones de euros por las obras del proyecto modificado y, adicionalmente, 504.780 euros por la gestión y explotación del campo de golf, distribuidos según el escrito de acusación en cuarenta y nueve entregas en sobres de efectivo. La acusación particular ejercida por la Comunidad de Madrid eleva la valoración del perjuicio patrimonial a la empresa pública y solicita por estos hechos dieciséis años de prisión para Ignacio González frente a los seis años solicitados por la Fiscalía Anticorrupción para cada uno de los cinco procesados. La condición de procesados no implica valoración de culpabilidad: rige el principio de presunción de inocencia mientras no recaiga resolución firme.
TCT habría ingresado del Canal de Isabel II más de 3 M€ por las obras del proyecto modificado; adicionalmente, 504.780 € por la gestión y explotación del campo de golf, distribuidos en 49 entregas en sobres de efectivo. La Fiscalía solicita además 550.000 € de multa por cada uno de los cinco procesados (pena, no perjuicio).
La Fiscalía Anticorrupción atribuye en el escrito de acusación formulado en la pieza separada nº 3 del caso Lezo y recogido en el auto de apertura del juicio oral del 4 de junio de 2021 dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel María García-Castellón García-Lomas que en el año 2007 el Consorcio Regional de Transportes de Madrid adjudicó las obras del tren ligero Móstoles Central-Navalcarnero a la unión temporal de empresas liderada por el grupo OHL (Obrascón Huarte Lain). Según la acusación, el consejero de OHL Francisco Javier López Madrid habría ideado, junto con el entonces directivo del grupo Rafael Martín de Nicolás Martín, un plan presuntamente concertado con el entonces presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II e ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González y con el ex director gerente del Canal Ildefonso de Miguel Rodríguez, consistente en la presentación de una oferta económica artificialmente baja, sucesivas modificaciones contractuales al alza y el pago de aproximadamente 1,8 millones de euros en comisiones ilícitas (cifra alternativa próxima a 2,5 millones de dólares según otra línea editorial coetánea). La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y medio de prisión para López Madrid, Martín de Nicolás y Felicísimo Ramos; cuatro años para Ignacio González y para Ildefonso de Miguel; tres años y medio para Adrián de la Joya, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las administraciones públicas. El proyecto del tren ligero no llegó a entrar en explotación comercial. La condición de procesados no implica valoración de culpabilidad: rige el principio de presunción de inocencia mientras no recaiga resolución firme.
Comisiones presuntamente ilícitas repartidas entre los procesados en la adjudicación amañada del tren ligero Móstoles-Navalcarnero (aprox. 1,8 M€). Una línea editorial coetánea cifra el reparto en torno a 2,5 M USD (cifra en dólares, no estructurada).
| Periodo | Rol | Caso |
|---|---|---|
| 2017-04-19 → vigente | Perjudicado | Caso Lezo |
Canal de Isabel IIJuzgado Central de Instrucción nº 6
El Canal de Isabel II figura en el procedimiento Lezo como empresa pública perjudicada por las adjudicaciones presuntamente amañadas, los sobreprecios pagados en las operaciones de compra en el extranjero (Emissao, Inassa) y el desvío de fondos atribuido por la Fiscalía Anticorrupción.