Político español del Partido Popular. Fue vicepresidente de la
Comunidad de Madrid bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre
(2003-2012) y presidente del mismo gobierno autonómico entre el
26 de septiembre de 2012 y el 25 de junio de 2015. Posteriormente
fue senador por designación de la Asamblea de Madrid hasta su
renuncia al acta el 9 de mayo de 2017, días después de su
detención en el marco de la Operación Lezo. El 19 de abril de
2017 fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa de
la Guardia Civil; el 22 de abril del mismo año el titular del
Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional,
Eloy Velasco, acordó su prisión provisional incondicional. Está
procesado en varias piezas separadas del caso Lezo; la pieza
relativa a las adjudicaciones del campo de golf del Canal de
Isabel II ha sido señalada para juicio oral entre el 13 y el 30
de septiembre de 2027 ante la Sección Segunda de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional. Le es de aplicación la presunción
de inocencia.
Las cifras proceden de hechos concretos de cada caso y conservan su grado de
prueba y su nivel de fuente. Se agrupan por el papel económico del sujeto en
cada hecho —distinto del rol procesal— y no implican condena: la mayoría
corresponde a procedimientos abiertos. «Conducta atribuida» no afirma que el sujeto percibiera
el dinero.
Dinero que presuntamente percibió o se le adjudica
Cantidades que la investigación atribuye a su esfera.
Total que presuntamente percibió o se le adjudica
1,8 M€
Suma de los importes de los hechos donde el sujeto figura con este papel; las partidas que desglosan un total y los hechos archivados se muestran pero no acumulan. Cada cifra conserva su grado de prueba.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye en el escrito de acusación formulado en la pieza separada nº 3 del caso Lezo y recogido en el auto de apertura del juicio oral del 4 de junio de 2021 dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel María García-Castellón García-Lomas que en el año 2007 el Consorcio Regional de Transportes de Madrid adjudicó las obras del tren ligero Móstoles Central-Navalcarnero a la unión temporal de empresas liderada por el grupo OHL (Obrascón Huarte Lain). Según la acusación, el consejero de OHL Francisco Javier López Madrid habría ideado, junto con el entonces directivo del grupo Rafael Martín de Nicolás Martín, un plan presuntamente concertado con el entonces presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II e ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González y con el ex director gerente del Canal Ildefonso de Miguel Rodríguez, consistente en la presentación de una oferta económica artificialmente baja, sucesivas modificaciones contractuales al alza y el pago de aproximadamente 1,8 millones de euros en comisiones ilícitas (cifra alternativa próxima a 2,5 millones de dólares según otra línea editorial coetánea). La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y medio de prisión para López Madrid, Martín de Nicolás y Felicísimo Ramos; cuatro años para Ignacio González y para Ildefonso de Miguel; tres años y medio para Adrián de la Joya, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las administraciones públicas. El proyecto del tren ligero no llegó a entrar en explotación comercial. La condición de procesados no implica valoración de culpabilidad: rige el principio de presunción de inocencia mientras no recaiga resolución firme.
Comisiones presuntamente ilícitas repartidas entre los procesados en la adjudicación amañada del tren ligero Móstoles-Navalcarnero (aprox. 1,8 M€). Una línea editorial coetánea cifra el reparto en torno a 2,5 M USD (cifra en dólares, no estructurada).
Dinero en juego en hechos que se le atribuyen. No consta que lo percibiera: puede ser un perjuicio a un tercero.
Total en juego en los hechos que se le atribuyen
12,6 M€
Suma de los importes de los hechos donde el sujeto figura con este papel; las partidas que desglosan un total y los hechos archivados se muestran pero no acumulan. Cada cifra conserva su grado de prueba.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye en el auto de procesamiento de 18 de noviembre de 2019 dictado por el magistrado Manuel María García-Castellón García-Lomas que en el ejercicio de 2013 la sociedad Inassa, filial latinoamericana de Canal de Isabel II presidida por Edmundo Rodríguez Sobrino, adquirió la sociedad brasileña Emissao por aproximadamente treinta millones de dólares, cuantía considerada notablemente superior al valor real de la operación. La acusación atribuye al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González la organización de la compraventa con la finalidad de desviar fondos públicos del Canal a cuentas privadas, cuantificando ese desvío en hasta nueve millones seiscientos mil euros, y solicita por estos hechos ocho años de prisión y diecinueve años de inhabilitación. Un ex directivo de Inassa declaró ante el magistrado instructor haber participado en un reparto próximo a los cinco millones y medio de euros con el ex presidente madrileño en relación con esta operación. La condición de procesados no implica valoración de culpabilidad: rige el principio de presunción de inocencia mientras no recaiga resolución firme.
Desvío de fondos públicos del Canal cuantificado por la acusación en hasta 9,6 M€. La compra de la brasileña Emissao se hizo por unos 30 M USD (cifra en dólares, no estructurada). Un ex directivo de Inassa declaró un reparto próximo a 5,5 M€ con Ignacio González en relación con esta operación.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye que como resultado de la modificación contractual descrita la sociedad TCT habría ingresado del Canal de Isabel II más de tres millones de euros por las obras del proyecto modificado y, adicionalmente, 504.780 euros por la gestión y explotación del campo de golf, distribuidos según el escrito de acusación en cuarenta y nueve entregas en sobres de efectivo. La acusación particular ejercida por la Comunidad de Madrid eleva la valoración del perjuicio patrimonial a la empresa pública y solicita por estos hechos dieciséis años de prisión para Ignacio González frente a los seis años solicitados por la Fiscalía Anticorrupción para cada uno de los cinco procesados. La condición de procesados no implica valoración de culpabilidad: rige el principio de presunción de inocencia mientras no recaiga resolución firme.
TCT habría ingresado del Canal de Isabel II más de 3 M€ por las obras del proyecto modificado; adicionalmente, 504.780 € por la gestión y explotación del campo de golf, distribuidos en 49 entregas en sobres de efectivo. La Fiscalía solicita además 550.000 € de multa por cada uno de los cinco procesados (pena, no perjuicio).
El procedimiento abierto en 2013 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Estepona tras denuncia del sindicato unificado de Policía y de dirigentes del PSOE madrileño investigó si la sociedad estadounidense Coast Investors, que alquiló en 2008 el ático ubicado en esa localidad andaluza al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González y a su esposa en condiciones económicas favorables y se lo vendió finalmente en 2011 por 770.000 euros, había recibido los fondos de la operación del empresario y presidente del Club Atlético de Madrid Enrique Cerezo Torres a modo de donación encubierta. Tras siete años de instrucción, el juez concluyó por auto del 14 de julio de 2020 que no se habían obtenido indicios sobre el origen del dinero ni sobre la procedencia de los fondos en relación con Cerezo, acordando el sobreseimiento provisional. La resolución no implica condena ni absolución de los investigados.
Conducta investigada y posteriormente sobreseída (exculpatorio); la cifra no acumula.
Presidente de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015, sucesor de Esperanza Aguirre. La causa Lezo investiga adjudicaciones y desvíos de fondos atribuidos a la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II durante su mandato y el de sus predecesores.
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre noviembre de 2003 y septiembre de 2012, bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre. La causa Lezo investiga irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II que se extienden al periodo de su vicepresidencia.
2003-11-21 → 2012-09-26·Gobierno Aguirre I y II (2003-2012)·Caso Lezo
Militante del Partido Popular. Ocupó el cargo de secretario general del PP de Madrid durante los años previos a su detención en el marco de la Operación Lezo en abril de 2017. Tras su imputación en mayo de 2017 no ostentaba cargo orgánico en el partido.
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